La violencia económica ocurre en muchos de los casos de otras agresiones contra mujeres en el norte de Centroamérica. Sin embargo, es uno de los abusos más complejos de identificar por parte de las mismas mujeres y un delito difícil de probar y condenar por parte de los órganos de justicia. En este tercer episodio de Estación del Silencio hablamos de este fenómeno en El Salvador, Guatemala y Honduras. Una violencia silenciosa, invisible, estructural, normalizada.
Autoría: Carmen Quintela Babío
Es una violencia invisible. Y al mismo tiempo sostiene otros tipos de violencias. Sin dinero, sin independencia económica, sin autonomía, las mujeres que son abusadas o agredidas, física, psicológica o sexualmente, se ven atadas a sus agresores.
No pueden salir de casa, porque no tienen a dónde ir. No pueden denunciar, porque no tienen los recursos para hacerlo. No pueden llevarse a sus hijos, porque no tienen con qué mantenerlos. Por eso, la violencia económica, en muchas ocasiones, necesita de las demás para salir a la luz, para verse claramente.
Es una violencia silenciosa. Una violencia estructural, que potencia las desigualdades entre hombres y mujeres.
Estación del silencio (EDS) es un espacio imaginado por Agencia Ocote desde el nacimiento del medio en 2019, que busca exponer y promover la reflexión sobre las diversas formas de violencias que sufren las mujeres en la región mesoamericana.
En EDS se busca mostrar la realidad, debatir sobre las estructuras que permiten que se callen esas formas de violencia, pero también hallar las grietas por donde puedan asomarse los cambios. Se trata de una plataforma transnacional en la que medios y periodistas de la región, en alianza, investigan para dar una panorámica amplia sobre la situación de las mujeres en estos territorios.
En este tercer episodio de EDS, entramos a conocer la situación de la violencia económica en El Salvador, en Guatemala y en Honduras y tratamos de perfilar y entender un fenómeno que no se observa en la discusión pública del mismo modo que otras formas de violencias contra las mujeres.
El episodio Violencia económica reúne a El Faro, de El Salvador; a ContraCorriente, de Honduras; y a Agencia Ocote de Guatemala; y está patrocinado por Foundation for a Just Society (FJS).
La artista guatemalteca Luisa González-Reiche hace su propia interpretación desde el arte. A través de imágenes superpuestas, González-Reiche muestra a mujeres en escenas cotidianas en espacios en los que no es común encontrarlas. “Me llama la atención desafiar ideas de representación a las que estamos acostumbrados y que el espectador pueda cuestionarse por qué una escena le pasa desapercibida o le hace ruido a partir de la tensión creada por extremos y nociones de ‘fuera de lo común’. En este caso invirtiendo las realidades de las mujeres, si bien resaltando con la costura y los bordes su ‘inadecuación’ en esos espacios”, explica la artista.
La base de la violencia
La violencia económica está sustentada sobre la base del modelo de familia tradicional que conocemos. Un hombre, un padre, un proveedor. Una mujer, una madre, una ama de casa, encargada de los cuidados, de los hijos, del hogar.
Los hombres ocupan el espacio público, las mujeres, el privado. Es un modelo que ha funcionado históricamente en el mundo. Y el norte de Centroamérica no es una excepción.
Dora Amalia Taracena, encargada de la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del Organismo Judicial de Guatemala recuerda que “hay una relación con las desigualdades sociales y la división sexual del trabajo. Las tareas asignadas a los hombres son las que socialmente valen más, a diferencia del trabajo doméstico que a veces no está ni pagado”.
Las psicólogas y abogadas que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia explican que esta dependencia económica se ve como “normal”, hasta que ellas ya no quieren estar en la relación. Cuando sus parejas las agreden físicamente, las amenazan, ejercen violencia sexual o psicológica, o cuando ellas ya no están bien por el motivo que sea y quieren romper ese vínculo, se dan cuenta de que no es tan fácil.
Primero, porque no tienen dinero con el que emanciparse. Tampoco tienen nada a su nombre. Ni la casa, ni el terreno, ni ningún bien.
Los datos de las instituciones públicas de los tres países muestran que la mayoría de las tierras y propiedades en el norte de Centroamérica son de los hombres.
En El Salvador, sabemos que 28,911 mujeres tienen préstamos activos en el Fondo Social para la Vivienda para comprar una casa, frente a 34,885 hombres. Según la institución, 30,801 mujeres terminaron de pagar sus créditos, frente a 49,695 hombres. En porcentajes, hablamos de que el 41.4% de los créditos fueron concedidos a mujeres.
En Guatemala, el Registro General de la Propiedad no segrega la información de sus bases de datos en función del sexo de la persona propietaria, según explicó la institución a través de su Unidad de Información Pública.
Los datos de personas propietarias en Guatemala nos los da el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística. En las estadísticas se indica que en 2018 se registraron 678,265 mujeres propietarias de su vivienda, frente a 1,481,440 hombres. Las mujeres representan apenas el 31.4%.
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Además, sabemos por el Fondo de Tierras que, de 3,117 tierras adquiridas a través del Programa de acceso a la compra de tierra por créditos y subsidios, 2,494 fueron compradas por hombres y 623 por mujeres, apenas el 20%.
En Honduras, el Instituto de la Propiedad registra entre 2008 y 2020, 675,548 propiedades a nombre de mujeres y 753,105 a nombre de hombres. Aunque los porcentajes son similares, también hay un mayor número de hombres propietarios, el 52.7%.
Las denuncias
En algunos casos de violencia económica —no sabemos cuántos porque los datos no están segregados hasta ese punto— a las mujeres también les quitan sus documentos personales.
Esto, sumado a la falta de recursos económicos, complica la independencia de las mujeres y la posibilidad de llegar a las fiscalías para presentar denuncias.
El delito de violencia económica existe como tal únicamente en Guatemala, en la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entre 2012 y 2019, el Ministerio Público registrar 5,057 denuncias por violencia económica.
En El Salvador, la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres señala tres delitos que se vinculan a esta violencia: el favorecimiento al incumplimiento de los deberes de Asistencia Económica, la sustracción patrimonial y la sustracción de las utilidades económicas familiares. La Fiscalía General de la República entregó información de denuncias consolidadas (no segregadas por delito): 6,927 entre enero 2012 y el 31 de julio 2020.
Cuando las mujeres deciden finalmente apartarse de estas relaciones, la violencia económica también se manifiesta de otro modo.
Si ellas se quedan a cargo de sus hijos e hijas (de nuevo, algo común en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, donde las mujeres suelen ser las que están dedicadas a los cuidados), la falta de asistencia económica y la entrega de pensiones por parte de los padres es otra forma de violencia económica, aunque en los tres países está tipificada bajo otros delitos, como la negación de asistencia económica o el incumplimiento de pago de cuota alimenticia.
El Ministerio Público de Honduras registra 7,171 denuncias por negación de asistencia económica entre 2012 y 2019, según información proporcionada a Contracorriente.
Agencia Ocote también solicitó al Ministerio Público de Guatemala. Sin embargo, no entregó los datos por acceso a la información pública. El Organismo Judicial registra 20,683 casos de negación de asistencia económica entre 2013 y agosto de 2020.
En El Salvador, El Faro también solicitó datos sobre casos abiertos por fijación de cuota alimenticia y por incumplimiento de pago de cuota alimenticia a la Procuraduría General de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Según datos de la CSJ, entre enero 2008 y septiembre 2020 se reportaron 1641 denuncias por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, recogido en el artículo 201 del Código Penal.
Las sentencias
Los procesos legales relacionados con violencia económica o con negación de asistencia económica son tardados y caros. Suponen dedicar un tiempo que las mujeres no tienen (porque los recursos para independizarse, para comer o para dar de comer a sus hijos lo necesitan en el momento en el que denuncian, no después de varios años, cuando suelen finalizar los procesos legales) y un dinero con el que, por la misma violencia que quieren denunciar, tampoco cuentan.
Algunas mujeres acuden a organizaciones de mujeres, que les dan algún apoyo y orientación. Pero no todas cuentan con abogados ni, de nuevo, con los recursos o el tiempo para ayudarlas.
Esto implica que muchos de estos casos queden en la impunidad y nunca se resuelvan.
En Guatemala se registraron 5,057 denuncias por violencia económica entre 2012 y 2019. Entre 2013 y agosto de 2020, el Organismo Judicial apenas cuenta con 305 sentencias (condenatorias y absolutorias).
De los 20,683 casos de negación de asistencia económica en Guatemala, 1,350 terminaron en sentencias.
En Honduras, donde se registran 7,171 denuncias por negación de asistencia económica, el Organismo Judicial cuenta con 182 sentencias.
De 1641 casos por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, 1030 pasaron por fase de instrucción y 680 llegaron a etapa de sentencia.
En los tres países, en muchas ocasiones las mujeres optan por buscar salidas a través de otras vías: continuar con sus vidas y lograr supervivencia económica por su cuenta, en lugar de continuar un proceso legal para conseguir las pensiones pendientes.
Pero la sociedad está construida de una forma que no facilita esta independencia económica. Lo vemos, por ejemplo, en los datos de créditos y préstamos otorgados por los bancos. De nuevo, un bajo porcentaje ha ido estos últimos años a mujeres.
En Guatemala, el único país del norte de Centroamérica donde las instituciones públicas facilitaron esta información, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) indica que, entre 2008 y agosto de 2020, se entregaron 21,110 préstamos a mujeres y 33,983 a hombres (38.3% y 61.7% respectivamente). En cuanto a los créditos, fueron 2,728 a mujeres y 4,924 a hombres (35.8% y 64.2%).
Las mujeres que buscan esta autonomía terminan ocupando puestos de trabajo dentro de la economía informal, lo que les genera más inseguridad laboral, menos garantías de salud, menos posibilidades de vivir una vida libre de violencia.
Los datos de los seguros sociales de El Salvador, Guatemala y Honduras muestran cómo la mayoría de trabajadores formales son hombres.
Guatemala registra 250,078 trabajadoras formales y 475,102 trabajadores. En Honduras, el dato es de 388,153 trabajadoras y 484,836 trabajadores. Y en El Salvador, las mujeres inscritas en el Seguro Social son 303,590, frente a 481,711 hombres.
En porcentajes, las mujeres trabajadoras en la economía formal representan el 40% en El Salvador, 34.5% en Guatemala y 44.5% en Honduras.
Todos estos datos nos muestran las causas y las consecuencias de un tipo de violencia invisibilizado en el norte de Centroamérica. Es un bucle. Sin autonomía económica, sin recursos, las mujeres se ven empujadas a estar en relaciones de dependencia de las que es complejo escapar.
Revisa aquí todos los episodios de Estación del Silencio
Episodio 3: Violencia Económica
“Estación del Silencio” es un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la segunda entrega sobre mujeres desaparecidas, en la que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador) y ContraCorriente (Honduras).
Créditos “Estación del silencio”
Diseño del proyecto y dirección: Alejandra Gutiérrez Valdizán
Coordinación editorial y datos: Carmen Quintela Babío
Diseño e infográficos: Maritza Ponciano
Arte: Luisa González-Reiche
Coordinación creativa: Julio Serrano Echeverría
Coordinación de audiencias: Lucía Reinoso Flores
Desarrollo web: María Batz
Redes sociales y audiovisuales: Jorge Monterroso
El Faro:
Edición: Daniel Valencia y José Luis Sanz
Periodistas: María Luz Nóchez.
ContraCorriente:
Edición: Jennifer Avila Reyes
Periodistas: Vienna Herrera
Fotografía: Martín Cálix
Financiamiento de Foundation for a Just Society, con apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres.