En la región centroamericana, a punto de cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala, están Johana, sus dos hijos y su compañero de vida. Esperan en una choza improvisada y construida por una familia que vende refrescos, agua y algunas frutas.
Aún no se deciden a cruzar, no por miedo a ser deportados de inmediato bajo la política antinmigrante que impulsa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y que ha extendido la frontera sur de Estados Unidos hasta Centroamérica, sino porque están esperando a Mariela, la hermana menor de Johana. Otro familiar la lleva hasta ese punto para que se una al viaje.
Johana tiene 27 años, Mariela 22. Son hermanas originarias de Choluteca, en el sur de Honduras. Cuando su padre murió hace diez años, se trasladaron con su madre, Reina, a Tegucigalpa – la capital hondureña– para vivir con una tía y buscar mejores oportunidades. En su pueblo no tenían casa ni tierra para cultivar, y la pobreza era extrema.
En los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples por Departamento 2023, se reporta que en Choluteca la «brecha de pobreza», es decir, la distancia entre los ingresos de los hogares y la línea de pobreza, oscila entre el 53% y el 55%.
El mismo informe señala que más de la mitad de la población del departamento presenta varias necesidades básicas insatisfechas, entre ellas vivienda, servicios, saneamiento y condiciones de vulnerabilidad económica, lo que evidencia que las políticas públicas de Estado de Honduras no logran eliminar la pobreza estructural en zonas especialmente vulnerables, como la comunidad de origen de Johana y su familia.
El padre de ambas trabajaba como vigilante nocturno en una gasolinera y fue asesinado al intentar evitar un asalto. Ese hecho marcó sus vidas para siempre. Tuvieron que dejar los estudios y, junto a su madre, comenzaron a elaborar y vender nacatamales -un platillo tradicional hondureño a base de maíz- para poder sobrevivir.
Las primeras semanas fueron difíciles. Moverse en Tegucigalpa, una ciudad ruidosa, habitada por más de un millón y medio de personas, era complicado. Los días resultaban pesados, y adaptarse a una vida tan distinta fue duro. Sin embargo, pronto lograron permiso para vender nacatamales en el mercado San Miguel, uno de los más populares. Las ventas no iban mal, especialmente en las mañanas. Poco a poco comenzaron a hacer planes: retomar los estudios, y por qué no, soñar con tener una casa propia.
Diez años después del asesinato de su padre, parecía que la vida por fin mejoraba. Ya eran reconocidas por sus riquísimos nacatamales, y Johana se había casado con un joven trabajador del mismo mercado con quien tuvo dos hijos. Mariela, por su parte, estaba a punto de terminar el bachillerato y soñaba con estudiar en la universidad para trabajar en una oficina.
Pero llegó la fiesta patronal de Tegucigalpa, en honor a San Miguel Arcángel, celebrada cada 29 de septiembre. El mercado lo festeja a lo grande con música de marimba, comida y mucha alegría.
Esa noche, después de compartir con su familia en el mercado, Mariela le dijo a su madre que quería quedarse a ver otros grupos musicales que se presentarían. Así lo hizo y cerca de las once de la noche decidió regresar a su casa en la colonia La Sosa, ubicada en una zona con altos índices de violencia.
El único transporte que Mariela consiguió al regresar a su casa, la dejó cerca del mercado San Miguel; desde allí tuvo que caminar. Al acercarse a su casa, notó que tres hombres la seguían, se reían y le lanzaban silbidos. Intentó apresurar el paso, pero fue en vano. En uno de los pasajes antes de llegar a su casa, fue abusada sexualmente por aquellos sujetos, cuyos rostros y risas le resultaban familiares, como si les hubiera visto antes, pero la oscura noche y el miedo le impidieron reconocerlos con claridad.
A la mañana siguiente, Mariela fue encontrada por personas que salían a correr temprano. La auxiliaron y la trasladaron al Hospital Escuela, el centro asistencial más grande de Honduras. Allí recibió atención médica y fue convencida, tanto por el personal de enfermería como por su madre y hermana, de presentar la denuncia. Finalmente lo hizo, aun estando hospitalizada.
Amenazas anónimas y de las autoridades
Mariela seguía hospitalizada cuando ella y su hermana comenzaron a recibir mensajes anónimos con amenazas de muerte por haber denunciado el abuso sexual. Aunque el miedo las invadió, decidieron regresar a casa y, una semana después, retomar su puesto en el mercado.
Sin embargo, las amenazas no quedaron en los mensajes. Un día encontraron una de las paredes de su pequeño negocio manchada con pintura roja, junto a un mensaje que les advertía que no debían volver a vender nacatamales.
Cuando acudieron a la policía, en la Unidad Metropolitana de Prevención, conocida como Core 7 en la capital Tegucigalpa, para informar lo que estaba ocurriendo y preguntar por el avance del caso de violación de Mariela, uno de los agentes, con tono sarcástico les dijo: «Mejor váyanse y dejen las cosas así, por su bien». Aquellas palabras las sintieron como otra amenaza, esta vez desde quienes debían protegerlas.
Según el informe Impactos de la corrupción en el acceso a la justicia de las mujeres frente a la violencia de género en Honduras, del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), la corrupción —arraigada históricamente y profundizada tras el golpe de Estado en Honduras en 2009— atraviesa cada etapa del sistema de justicia y debilita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva. La falta de políticas públicas sólidas para combatir este fenómeno, sumada a la ausencia de enfoque de género en los mecanismos de investigación y sanción, genera que miles de mujeres vivan procesos similares al de Mariela como las denuncias que nunca avanzan; las amenazas que se ignoran; y, autoridades que, en lugar de brindar protección, desalientan la búsqueda de justicia.
Ese «mejor váyanse», dicho por un agente policial, no es una anécdota aislada, es la cotidianidad a la que las mujeres se enfrentan dentro de un sistema que niega a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.
El CESPAD subraya que cuando la corrupción permea el sistema judicial, sus efectos son devastadores: se pone en riesgo la vida, la integridad y la libertad de las mujeres, y se les expulsa simbólica y materialmente del acceso a la ciudadanía.
Honduras no ha cumplido con estándares internacionales esenciales —como la firma del Protocolo Facultativo de la CEDAW— y mantiene estancadas iniciativas como la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, presentada al inicio del actual Gobierno, que finaliza el 26 de enero de 2026, por parte de organizaciones feministas que no lograron eco frente a esta demanda.
Al salir de una revisión médica días después, Johana notó que unos hombres en motocicleta las seguían y rodeaban. No quiso alarmar a su hermana para evitar el pánico, pero fue inevitable cuando uno de ellos con el rostro cubierto por el casco y un cubre boca, se acercó apuntándoles con un arma, y les advirtió: «Si no cierran la boca, las vamos a destacar como animales»
Esa misma noche de octubre de 2024, tomaron lo poco que pudieron y decidieron huir de Tegucigalpa. Primero se refugiaron en su ciudad de origen, donde permanecieron un par de días y luego emprendieron el camino hacia la frontera.
En ese lugar, encontramos a Johana con su familia, esperando a su hermana y a su madre, quienes se habían quedado un día más en Choluteca para realizar el trámite del pasaporte. Aunque se mantenían en constante comunicación, era imposible no sentir miedo porque los agresores de Mariela las pudieran alcanzar y también de no saber qué les esperaba.
Violencia sexual en Honduras: la brecha entre denuncias y justicia
La historia de Johana y Mariela se repite en un país donde ser mujer puede significar una condena. La violencia sexual contra mujeres y niñas en Honduras sigue siendo un problema grave y poco reflejado en las estadísticas oficiales, debido a barreras culturales e institucionales que dificultan la denuncia y el seguimiento de los casos.
Según la Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas (ENESVMN), de 2023, 24 de cada 100 mujeres han experimentado violencia sexual al menos una vez en su vida.
En 2024, el Ministerio Público (MP) registró 3,350 denuncias por violencia sexual contra mujeres, mientras que el Servicio Nacional de Emergencia en el número telefónico 911, reportó 3,233 llamadas relacionadas con delitos sexuales, sin especificar el género de las víctimas. Estas cifras representan un incremento respecto a 2023 donde se registraron 2,641 denuncias, de las cuales 1,625 eran menores de 18 años.
Pero apenas 854 casos fueron judicializados ese mismo año en juzgados de letras de lo penal y tribunales de sentencia, lo que representa apenas el 25.4 % de las denuncias del MP. De estos expedientes, sólo 298 obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 35 %. Más de la mitad de estas condenas corresponden a denuncias por violación.
Estos datos reflejan una realidad preocupante: la violencia sexual en Honduras está lejos de ser atendida de manera integral. La brecha entre denuncias, investigaciones y condenas evidencia la insuficiente capacidad institucional, la falta de atención psicológica adecuada y la necesidad urgente de políticas públicas efectivas para proteger a mujeres y niñas.
Entre los países más peligrosos para las mujeres
En 2022 llegó al Poder Ejecutivo del país Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de la República, 67 años después de que se otorgara el derecho al voto al sector mayoritario –las mujeres– del país.
Para los movimientos en defensa de los derechos de las mujeres, su llegada significó un halo de esperanza y una oportunidad para impulsar acciones y políticas públicas en favor de niñas, jóvenes y mujeres. Sin embargo, los datos reflejan otra realidad.
Castro está por terminar su mandato el próximo 26 de enero y, solo en lo que va de 2025, ya se registran más de 220 feminicidios o muertes violentas de mujeres, según el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. En octubre pasado, al menos 24 mujeres fueron asesinadas, lo que confirma que la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis persistente y sin atención suficiente por parte de las autoridades.
De acuerdo con los informes del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, del Centro de Derechos de la Mujeres (CDM), la mayoría de estos crímenes son perpetrados por agresores conocidos por las víctimas, especialmente parejas, exparejas o hombres del círculo cercano, lo que evidencia la dimensión estructural y cotidiana de la violencia machista en el país.
Asimismo, el Observatorio señala que el arma de fuego continúa siendo el principal instrumento utilizado en los asesinatos de mujeres, seguido de armas blancas y métodos de agresión directa. Estas cifras se elaboran a partir de registros policiales, expedientes judiciales, informes forenses, reportes médicos y monitoreo sistemático de medios de comunicación. Además, este observatorio permite conocer que dentro de los 18 departamentos del país, Francisco Morazán, Cortés y Olancho lideran la lista de los más femicidas en los primeros diez meses de 2025.
La coordinadora del movimiento, Merlin Eguigure, aseguró en entrevista con Radio Progreso que el país podría superar la cifra del año pasado, cuando se contabilizaron 240 asesinatos de mujeres. «Eso significa que probablemente vamos a rebasar el dato del año pasado y es bastante penoso porque indica que no se ha hecho lo suficiente para frenar este terrible problema», lamentó.
Ante una nueva ronda de elecciones generales, que se realizaron el 30 de noviembre de 2025, la dirigente feminista criticó la falta de propuestas concretas de los actuales candidatos y candidatas a cargos públicos en torno a la violencia de género. «No hemos escuchado a ningún aspirante hablar de este tema ni presentar propuestas claras. Más bien se promueven ideas como crear un Ministerio de la Fe o cuestionar la separación entre Iglesia y Estado, lo cual no resuelve la crisis que vivimos», apuntó.
Castro recibe críticas del movimiento de mujeres
Durante su mandato, la administración de Xiomara Castro impulsó algunas medidas orientadas a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunque con avances desiguales y retrocesos evidentes.
En materia de salud y educación, las asignaciones presupuestarias crecieron de forma sostenida entre 2022 y 2024—con incrementos de hasta 16.8 % en salud y 10.1 % en educación—lo que, en teoría, debería traducirse en un mejor abastecimiento de métodos de planificación familiar y en servicios públicos más robustos para niñas y mujeres en territorios vulnerables.
Uno de los pasos más significativos ocurrió en 2023, cuando la presidenta aprobó vía decreto el acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), lo que permitió su distribución gratuita para niñas a partir de los 12 años, según el Manual para la Atención en Planificación Familiar.
Este avance histórico, en un país que mantuvo la prohibición absoluta durante más de una década, representó para muchas organizaciones un paso hacia el reconocimiento de la autonomía reproductiva y un mecanismo de protección para niñas víctimas de violencia sexual.
Sin embargo, otros puntos fundamentales para las mujeres en el país permanecen bloqueados o sin avances sustantivos. Honduras continúa siendo uno de los pocos países del continente donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias, pese a que organizaciones de mujeres han demandado su despenalización por tres causales—violación, riesgo para la vida de la madre o malformaciones incompatibles con una vida digna—como un mínimo ético y humanitario.
Algo similar ocurre con la Educación Sexual Integral (ESI), aunque el Congreso aprobó la Ley Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, la presidenta la vetó, impidiendo su implementación en el sistema educativo público.
En contraste, un avance relevante ocurrió el 8 de marzo de 2024, cuando se aprobó la Ley de Casas Refugio para Mujeres Sobrevivientes de Violencias; aun así, la mayoría de los refugios existentes siguen siendo sostenidos por organizaciones de mujeres y no por el Estado, lo que evidencia que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de las violencias que enfrentan niñas y mujeres en el país.
Estas contradicciones dejan claro que la agenda de género bajo el Gobierno de Castro abrió algunas puertas, pero dejó pendientes temas estructurales que continúan marcando la vida y la seguridad de millones de hondureñas.
«Este Gobierno nos queda debiendo. Cuando la presidenta habló de erradicar la violencia, no tuvo conciencia de que este problema no se resuelve en cuatro años. Se puede avanzar, pero no erradicar», expresó Eguigure, quien además forma parte de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, creada en 2016.
Eguigure destacó que, aunque existen avances mínimos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, las fallas estructurales persisten. Entre ellas, la rotación constante de agentes investigadores, la falta de recursos y los bajos salarios, factores que impiden que los casos lleguen a una resolución judicial. «Por eso la justicia para las mujeres nunca llega», afirmó.
La coordinadora de Visitación Padilla también cuestionó el papel de los medios corporativos, a los que acusó de mantener un enfoque amarillista y revictimizante. «Siguen hablando de “crímenes pasionales”, un término absurdo, porque quien mata no ama. Además, responden a los intereses de sus propietarios y no a las demandas sociales», subrayó.
Mientras tanto, Johana y Mariela esperan. Su travesía no solo refleja el drama de miles de mujeres hondureñas que huyen de la violencia, sino también la indiferencia institucional que las empuja al exilio.
Bajo la sombra del miedo, estas hermanas representan a las que no tienen protección, justicia ni voz en su propio país. Y aunque aún no cruzan la frontera, ya han dejado atrás algo más que su tierra: la esperanza de encontrar seguridad en Honduras.
Créditos:
Investigación y redacción: Radio Progreso, Honduras
Edición: Lourdes Álvarez Nájera, Agencia Ocote
Diseño: Oscar Donado
Imagen de portada: Isabel Ruiz